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WASHINGTON — Jennifer Homendy, presidenta del Consejo Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB), parecía exhausta. El rostro curtido por la tensión de meses de investigación y la lucha por la seguridad aérea se dibujaba en cada gesto. La sala estaba llena de representantes del Congreso, pero Homendy hablaba directamente a la cámara, consciente de que sus palabras llegarían a todo el país.
“Esto es vergonzoso,” dijo, pausando para que la gravedad de sus palabras calara. “La verdad es que estamos caminando sobre un terreno peligroso, y algunos en el Congreso parecen estar dispuestos a ignorarlo.”
El punto de conflicto es una disposición en el Proyecto de Autorización de Defensa Nacional (NDAA) que amenaza con revertir las medidas de seguridad implementadas después del trágico choque aéreo de enero entre un helicóptero Black Hawk del ejército y un avión regional de American Airlines cerca del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan Washington. La colisión, que costó la vida de 67 personas, fue el peor accidente aéreo en Estados Unidos en más de dos décadas.
Después del accidente, el Departamento de Defensa acordó que todos los aviones militares deberían transmitir su posición mediante tecnología ADS-B, un sistema crucial para evitar colisiones. Pero la nueva disposición en el NDAA crearía exenciones, lo que, según Homendy, “recrearía las mismas condiciones que llevaron a la tragedia”.
Pero la polémica no se limita a las palabras de Homendy. Algunos legisladores compartían su inquietud. “Como está redactado, el NDAA protege el status quo,” afirmaron los senadores Ted Cruz, Maria Cantwell, Jerry Moran y Tammy Duckworth, en un comunicado conjunto. “El departamento de Defensa ha registrado un aumento en los accidentes de aeronaves militares desde 2020. Las familias de las víctimas merecen justicia y transparencia.”
El rotundo rechazo de Homendy no solo fue una cuestión de política, sino también de ética. “Nos deberíamos estar uniendo para prevenir el próximo accidente, no para permitir que se repita la historia,” enfatizó. La NTSB ya había expresado sus preocupaciones en una carta dirigida a los líderes de los comités de servicios armados de la Cámara y el Senado, pero no había sido consultada durante la redacción del NDAA.
Bajo la nueva disposición, todos los helicópteros que realicen misiones de entrenamiento en torno a Washington, D.C., tendrían que avisar de su posición a otros aviones en el área, aunque no se especifica que deben usar ADS-B. Además, el secretario de un departamento militar necesitaría la aprobación del secretario de Transporte para conceder exenciones.
Homendy no ocultó su frustración. “Si creen que esto es suficiente, están equivocados,” dijo, con la voz cargada de emoción. “Esto no es suficiente para proteger a los pasajeros, a los pilotos, a todas las personas que usan nuestro espacio aéreo.”
La familia de Sam Lilley, el primer oficial del vuelo 5342 de American Airlines, también se mostró preocupada. “El público que vuela y todos los que utilizan nuestro espacio aéreo merecen más que lo que este proyecto de ley ofrece,” declararon Tim y Sheri Lilley. “El Congreso tiene una opción clara: fortalecer esta disposición y proteger al público, o mantener las mismas vulnerabilidades que ya han costado demasiadas vidas.”
Bajo la mirada atenta de los periodistas y los espectadores, Homendy finalizó su declaración con un llamado a la acción. “Estamos en un punto crucial. No podemos permitirnos un paso atrás en seguridad aérea.”
Mientras la sala se quedaba en silencio, la imagen de los escombros en el río Potomac, donde ocurrió la tragedia, se hacía presente en la mente de todos. La pregunta que quedaba en el aire era si el Congreso escucharía el llamado de Homendy y tomaría las medidas necesarias para evitar futuras tragedias.
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