Congresistas amenazan con sanción clave por ocultamiento de archivos de Epstein

Pam Bondi está de pie frente a las cámaras, la luz fría del Departamento de Justicia marcándole los huesos de la cara. A su lado, Blanche y Patel, los tres en fila como en una ceremonia de entrega de condenas. Pero esta vez, la sentencia podría ser para ellos.

El viernes soltaron unos documentos. Nada nuevo. Fotos borrosas, páginas enteras tachadas, como si alguien hubiera pasado un marcador negro sobre la verdad y luego se arrepintiera a medias. Entre las imágenes, una mesa con retratos. Uno de Trump. Nada fuera de lo común, salvo que al día siguiente, esa foto ya no estaba. Ni las otras doce. Como si alguien se hubiera asustado.

Ahora la han vuelto a subir. “No hay víctimas en la foto”, dicen. “Fue una revisión por precaución.” Pero no explican por qué se bajó todo lo demás. Ni quién dio la orden.

Ro Khanna y Thomas Massie no creen en las coincidencias. Tampoco en las buenas intenciones. Ellos llevaron la ley al Congreso. La Epstein Files Transparency Act. No era una sugerencia. Era un plazo. Y lo incumplieron. O lo cumplieron a medias, lo cual, en estos casos, es lo mismo.

Massie habla en Face the Nation y suena cansado. “Lo más rápido para que las víctimas obtengan justicia es llevar a Bondi por desacato inherente.” Khanna asiente: “Vamos a avanzar. No necesitamos al Senado.” Y suena como una amenaza, pero también como una promesa. Por primera vez en décadas, alguien intenta usar el desacato inherente. No es un juicio político. Es peor: es un arresto por obstaculizar al Congreso. La última vez que funcionó, Herbert Hoover estaba en la Casa Blanca.

Pero Blanche no se inmuta. “Que lo intenten. Que vengan.” Dice que tienen cientos de abogados revisando documentos. Que todo se hace “con precaución extrema” para proteger a las víctimas. Aunque no aclara quién decide quién es víctima. Ni por qué una foto de un presidente asusta más que los nombres en las listas de vuelo.

Hubo una protesta en Washington. En septiembre. Cajas de cartón apiladas frente a la Casa Blanca. “Archivos clasificados de Epstein”, decía una. Otra, “liberen los archivos”. Nadie sabe quiénes estaban allí. Pero todos sabemos quiénes no.

Y ahora, de pronto, aparece un documento distinto. El acta del gran jurado de Ghislaine Maxwell. Antes estaba completamente en negro. Ahora, solo mínimamente censurado. “Lo publicamos”, dice el Departamento de Justicia en X. Como si así cerraran el caso. Como si con eso pagaran la deuda.

Pero las víctimas no hablan. Al menos no en voz alta.

Sí se escucha Rand Paul. “Si no sueltan toda la información, esto les va a perseguir por meses.” No es solidaridad. Es advertencia. Hasta entre ellos hay miedo.

¿Qué hay en lo que no se ve? ¿Qué nombres están en lo que no se publica? ¿Quién se protege detrás del argumento de proteger?

En 1991, con el caso BCCI, también dijeron que era por seguridad nacional. Al final, era por encubrir vínculos con dictadores, lavado, poder. Ahora dicen que es por las víctimas. Y tal vez lo sea. Pero también es verdad que los poderosos siempre tienen más motivos para callar que los demás.

La foto de Trump está de regreso. Sin borrones. Sin excusas. Como si nunca se hubiera ido.

Pero las otras, no.

Todavía no.

Y uno se pregunta: si no es por las víctimas… ¿entonces por quién?

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