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Budapest, febrero de 2026. Maja T entró al tribunal con los hombros rectos, pero las manos le temblaban. Tenía 25 años, y un expediente que ya pesaba demasiado para su edad. La condenaron a ocho años. Ocho. No una sentencia, sino una cifra que suena a medida política, a cálculo frío, a advertencia.
La acusaron de formar parte de un grupo que atacó, en 2023, a personas durante lo que llaman el “Día de Honor”, una marcha anual en Budapest que recuerda —si es que a eso se le puede llamar recuerdo— la huída fallida de tropas nazis y colaboradores húngaros en 1945. Una movilización que hoy reúne a neonazis de toda Europa, con banderas prohibidas en otros países, con símbolos que deberían estar enterrados, pero que aquí desfilan bajo la protección del Estado.
Maja no negó que estuvo. Dijo, antes de que le dictaran sentencia: “Todos sabemos qué veredicto quiere el primer ministro de este país”. Viktor Orbán. Ese nombre suena como un fondo constante en todo esto. Su gobierno ya había declarado como “organizaciones terroristas” a grupos antifascistas vinculados a los incidentes. Su portavoz, Zoltan Kovacs, celebró la condena en redes. La llamó “terrorista antifa”. Como si la palabra “antifa” fuera suficiente para justificar ocho años.
Pero hay algo que no cierra. Maja fue extraditada desde Alemania en diciembre de 2024. Y no fue limpio. La Corte Constitucional alemana había dicho, un año antes, que no se podía entregar a nadie a Hungría porque no había garantías de que no enfrentara tratos inhumanos o degradantes en prisión. Lo dijeron. Lo escribieron. Y aun así, la entregaron.
Su padre, Wolfram Jarosch, habló después del fallo. Dijo que esto era un “juicio de farsa política”. No usó otras palabras. Solo esas. Y hay que dejarlas resonar: farsa. No justicia. No prueba. Farsa.
En Alemania, otra mujer ya había sido juzgada por lo mismo. Le dieron cinco años. En Hungría, Maja se llevó más. ¿Por qué? ¿Qué cambia entre un sistema y otro? ¿La geografía? ¿La simpatía del Estado hacia quien marcha?
Italia y Francia dijeron no. Se negaron a entregar a dos sospechosos. Ambos países alegaron lo mismo: riesgo de trato inhumano en las cárceles húngaras. Entonces, ¿por qué Alemania sí? ¿Por qué abrir esa excepción?
Creo que leí mal el nombre del juez. O no lo mencionaron. O simplemente no importa. Porque cuando el poder político ya definió el resultado, el juicio es solo el ritual para sellarlo.
Hace unas semanas, un amigo me dijo: “El fascismo no vuelve. Nunca se fue. Solo cambia de entrada”. Y yo pensé en Budapest. En esas calles donde se homenajea una derrota del nazismo como si fuera una epopeya. Y en los que van a detenerlo, no con armas, sino con el cuerpo, y terminan en prisión.
¿Qué pasa con los que no aparecen? Los nueve atacados, entre ellos ciudadanos alemanes y polacos, identificados como extremistas de derecha. Les causaron fracturas, les dieron golpes. Nadie niega la violencia. Pero ¿quién juzga la violencia de los que marchan con símbolos que juramos no volver a ver?
Maja puede apelar. Dicen que sí. Pero el daño está hecho. Ocho años. Suficientes para romper una vida.
Y al final, queda la pregunta que nadie quiere decir en voz alta:
Si ella es una terrorista por pegarle a un neonazi… ¿qué son ellos, por celebrar al nazismo?
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