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Un muchacho de veintitrés años, con una mochila de plástico rellena de cobijas y dos latas de leche enlatada, se paró frente a los escombros de su casa en el barrio de Wabari, en Mogadiscio. Decía que todo ocurrió a las tres de la madrugada, aunque en realidad no vio al personal de demolición, solo escuchó los motores, el crujido del fierro, y luego el grito de su madre cuando cayó el techo.
No había orden judicial visible. No había oficiales de identificación. Solo camiones cargados con maletas, colchones, niños que lloraban y no sabían dónde quedaban sus cuadernos.
El gobierno lo llamó “operación de limpieza urbana”.
Pero en la calle, todos lo llamaban otra cosa: korday, palabra que en el dialecto local suena como un golpe seco, como un cierre de puerta definitivo.
La oposición organizó Protestas. En el centro, frente a la terminal de autobuses, una mujer con el rostro cubierto por un pañuelo lejos de ser anónimo —porque todos sabemos quién era— contó que vio a un muchacho caer, no con una balacera de película, sino con un solo disparo a la altura del pecho, mientras levantaba las manos. Aún no hay nombre confirmado. Creo que se llamaba Abdi, o eso me dijo un vecino hace unas semanas, mientras encendíamos una vela en un trozo de calle que hace dos meses era una cuadra entera de casas.
La policía negó que hubiera disparos. Dijo que usaron “métodos de contención”. Pero varias cámaras de seguridad captaron el sonido de un arma de fuego, aunque nadie ha publicado las imágenes. Algunos dicen que las borraron ese mismo día. Otros, que las copias están en un disco duro escondido tras un estante de una librería en Sowda, cerca de la mezquita que ya no tiene techumbre.
No es nuevo, no es nuevo: desde finales de los años sesenta, en Somalia, las políticas de “reforma urbana” han dejado por los suelos vecindarios enteros, siempre en nombre del orden, de la modernidad, de ese concepto tan abstracto y tan útil para quién lo escribe.
Hoy, según datos no oficiales que circulan en grupos de WhatsApp, más de dos mil familias están en un limbo: sin documentación, sin techo, sin garantía de que alguna vez regresen.
Una mujer me habló de un funcionario que, supuestamente, negoció terrenos en las afueras de Baidoa con promotores ligados a empresas extranjeras. Dijo su nombre. Luego se calló. Me dijo: “No es seguro, pero si lo escribes, al menos queda escrito”.
¿Scritto? Lo escribió en la pared de una escuela abandonada, con tiza roja, antes de que la cerraran también.
Alguien borró las palabras con la suela de la bota.
No se sabía, pero ya se sabía.
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