Australia rechaza repatriar a mujeres y niños con vínculos al Estado Islámico

Hay una foto que no puedo sacarme de la cabeza. Mujeres, niños, apretujados en una camioneta polvorienta. Miradas bajas, manos quietas. Febrero de 2026. Este año. En un campamento en el este de Siria, un lugar que se llama Roj, que suena a nombre de guerra, a frontera, a olvido. Iban rumbo al aeropuerto de Damasco. Soñaban con un vuelo. Con volver. A Australia. A algo que, oficialmente, ya no los quiere.

Treinta y cuatro ciudadanos. Once familias. No eran combatientes. O al menos, no todos. Eran madres, hijas, hijos. Gente que, en algún momento, se movió por ideologías que ahora tienen nombre en los tribunales: yihadismo, Estado Islámico. Y ahora, después de años ahí, en campos de lodo y alambre, con frío y sin futuro, intentaron regresar.

Pero las autoridades sirias los devolvieron. Problemas burocráticos, dijeron. Papelitos que no coincidían, sellos que faltaban. Mentira. El verdadero problema no estaba en los formularios. Estaba en Canberra.

Albanese lo dijo con frío: “No los vamos a repatriar. No damos apoyo”. Nada. Ni siquiera simbólico. “Usted se acuesta, que se levante encima”, agregó. Una frase que suena a moral de barrio, pero que desde el poder, adquiere un peso distinto. Un peso de estado.

No es la primera vez que pasa. En 2019, ocho niños —hijos de combatientes australianos muertos— regresaron. Gobiernos anteriores, conservadores, los trajeron. En 2022, otro grupo: cuatro mujeres y trece menores. Los consideraron “los más vulnerables”. Ahora no hay selección. No hay compasión oficial. Solo línea dura.

Pero acá hay algo que quema: ¿qué pasa con los niños? No con los adultos, no con los que quizás sí tomaron decisiones conscientes. Con los chicos. Nacidos ahí. Criados entre rejas, con la bandera negra como primer recuerdo. El estado australiano dice que no tiene obligación legal. En 2024, un tribunal les dio la razón a los abogados del gobierno. Pero Save the Children, esa organización que no suele meterse en política, dijo algo más profundo: “Tienen obligación moral”.

Y eso es lo que nadie quiere ver. Que al cerrar las puertas, no estás castigando solo a los adultos. Estás condenando a inocentes. A los que no eligieron. A los que ni siquiera saben de fronteras.

Y si logran entrar, igual los aguarda la cárcel. Ir a Raqqa entre 2014 y 2017 sin “razón legítima” —¿qué significa eso?— es delito. Hasta diez años. Pueden procesarlos. A todos. Incluso a los que, cuando salieron, tenían meses.

Hace unas semanas, hubo un ataque en Bondi. Quince muertos. En una fiesta judía. Los atacantes, dicen, inspirados por el IS. Y de repente, el tema volvió. No por los niños en Siria. Por el miedo. Por la seguridad. Por el presente que golpea sin avisar.

Pero no es nuevo. No es nuevo que los estados laven sus manos con el pretexto del terror. Que dejen a sus ciudadanos pudrirse en tierras ajenas. Que se nieguen a mirar. Lo hicieron con Siria, con Irak, con Afganistán. Con los propios.

¿Cuántos países hacen lo mismo? ¿Cuántos de nuestros gobiernos latinoamericanos tendrían el coraje de traer a sus ciudadanos de esos campos? No lo sé. Pero sí sé que aquí, en Venezuela, en Colombia, en México, entendemos lo que es el exilio. Lo que es no tener a dónde volver. Lo que es que tu propio país te borre.

Australia no es Siria. Pero, en este caso, se comporta como un estado en guerra consigo mismo. Con su gente. Con su pasado. Con su humanidad.

Y ahora, esos treinta y cuatro están de vuelta en Roj. Entre tiendas de lona, barro y miedo. Mientras en Melbourne, un primer ministro habla de leyes y de consecuencias, como si la palabra “niño” no tuviera peso.

¿Qué pasa cuando un estado deja de reconocer a sus ciudadanos?
¿Cuándo el castigo se vuelve perpetuo?
¿Y si el crimen no fue ir, sino creer en algo que les dijeron que era un hogar?

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