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Frank Walls, 58 años, espera su muerte en una celda de Florida. Lo ejecutarán el jueves. Asesinó a dos personas en 1987 durante un robo, confesó otros tres homicidios. No es un caso aislado. Es parte de un patrón. De una máquina que vuelve a encenderse.
Este año, Estados Unidos ha pasado de 25 ejecuciones a 48. La cifra más alta en quince años. Y Florida, solo Florida, ha ejecutado a diecinueve personas. Casi la mitad. El estado superó su propio récord. Antes eran ocho en un año. Eso fue en 2014. Ahora, este 2025, ha duplicado la apuesta.
Dicen que el resurgimiento coincide con el regreso de Trump. Segundo mandato. Él quería las ejecuciones federales. Las paralizó Biden. Él las reanudó. Y en las sombras, los estados tomaron nota. Pero no todos. La oleada es desigual. Alabama, Texas, Carolina del Sur: cinco cada uno. Nada más. El resto, escombros. Pero Florida, no. Allí, DeSantis habla de “justicia pronta”. De “deuda con las familias de las víctimas”. De que “la justicia demorada es justicia negada”. Lo dijo en una rueda de prensa hace unas semanas, no recuerdo bien la fecha. Noviembre, quizás. Con ese tono frío, de quien cree que el orden debe imponerse al costo que sea.
Solo que el orden, en este caso, está lleno de fisuras.
Porque al menos 40 de los condenados a muerte este año tenían vulnerabilidades: trauma infantil, lesiones cerebrales, enfermedad mental grave. Algunos con QI en rango de discapacidad intelectual. Y la Corte Suprema lo dijo en 2002: ejecutar a personas con discapacidad intelectual es inconstitucional. Cruel e inusual. Pero los estados interpretan sus propias reglas. Ahora, la Corte vuelve a discutirlo. Sobre los puntajes de CI. Sobre cómo se miden. Y hay temor —fuerte, fundado— de que un fallo estrecho abra la puerta a más ejecuciones de este tipo.
También hay militares. Diez veteranos ejecutados este año. La cifra más alta en casi veinte. Jeffrey Hutchinson fue uno. Sirvió en la Guerra del Golfo. Le diagnosticaron estrés postraumático, lesión cerebral. Lo ejecutaron en mayo. Su abogado dijo que el jurado nunca supo toda la historia. Que el pasado de guerra, el daño invisible, quedó fuera del juicio. Pero así ha sido siempre. Juzgamos cuerpos, no historias. Condenamos actos, no circunstancias.
Mientras tanto, la pena de muerte se derrumba. En las encuestas, apenas 52% la respalda. El nivel más bajo desde 1972. Nuevas condenas: 22 este año. En 2005 fueron 139. Los fiscales ya no la buscan tanto. Es costosa. Lenta. Y los jurados, cada vez más, se resisten. La sociedad se aleja. Pero los que mandan, no. Siguen adelante. Como si la voluntad popular no importara.
Estoy aquí, a las dos de la mañana, con el café frío, pensando en las sábanas de una camilla. En las correas. En el silencio antes de la inyección. En la foto esa, vieja, de Oklahoma. Una camilla vacía. Como si ya supiera lo que viene.
Honestamente… ¿hasta cuándo?
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