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Suleimán Adjul no firmó el decreto. Tampoco lo hará. Tiene las manos sobre la mesa, cruzadas como si rezara, pero no reza. Habla desde Rabat, o quizás desde algún salón polvoriento de Fez, no importa. Lo que importa es que no hay bodas. No hay papeles. No hay contratos. No hay nada que valide lo que antes se llamaba un matrimonio.
Casi quinientos enlaces cada día, en pleno Ramadán, suspendidos. No por decreto divino, ni por hambruna, ni por decreto real. Por huelga. Por exigencia. Por un título universitario que no tienen y que ahora el Estado quiere imponerles, como si fueran abogados de ciudad, como si tuvieran que rendir exámenes, como si el saber de los adules no viniera de siglos copiando en árabe clásico los contratos bajo la sombra de la sharía.
Y encima, control en las propinas. Porque eso es, en el fondo, lo que son esas provisiones: hasta ciento cincuenta euros por pareja, apenas la mitad del salario mínimo. Un regalo, una dádiva, un soborno disfrazado de tradición. Y el Estado ahora quiere que esos dineros entren en una cuenta, que haya registro, que no se pierdan en el cauce oscuro de lo no dicho.
Pero no es solo eso. Es que los adules se sienten traicionados. Como si de la noche a la mañana les dijeran que lo que han hecho por generaciones —y que sigue haciendo la gente en las aldeas, en los pueblos, en las ciudades— ya no vale. Que necesitan título. Que necesitan supervisión. Que ya no basta con saber recitar la Fatiha, con escribir con tinta negra sobre pergamino, con tener la confianza del barrio.
Y mientras tanto, las bodas se deshacen. Las familias han gastado años ahorrando. Jena en las manos. Caftanes bordados. Baños en el hamán. Y luego el palanquín, la amaria, los hombres celebrando por un lado, las mujeres por otro, y ahora ya empiezan los eventos mixtos, modernos, como si eso cambiara algo.
Pero sin firma, no hay boda. Y sin boda, no hay ley.
Lo más cruel no es la huelga. Es lo que pasa al margen. En los valles, en las zonas remotas, donde nadie pregunta por papeles, donde los padres dan a sus hijas —niñas, muchas veces— en matrimonio con un versículo del Corán. La Fatiha. Y ya está. Nadie firma. Nadie registra. Nadie pregunta.
El año pasado, una chica de catorce años. Un hombre adulto. La red lo destapó. Y con eso, se supo: son más de diez mil matrimonios de menores aprobados por jueces en 2024. El 98 por ciento, mujeres. Pese a que desde 2004 están prohibidos.
Ahora, una reforma. Edad legal: 18 años. Excepción a los 17, con autorización judicial, examen forense, estudio social. Todo bajo control. Todo para proteger. Pero la reforma no avanza. Está en el Congreso. Congelada. Y los partidos, a seis meses de las elecciones, no se mojan.
Benkirán ha regresado. Ex primer ministro, jefe del PJD, los islamistas. Y ha levantado la bandera: no a la reforma. Quiere recuperar el voto conservador. Sabe que decir “familia”, “tradición”, “moral” still mueve multitudes. Hace veinte años llenaron Casablanca con un millón de personas. Ahora, en 2025, quiere volver a hacerlo.
Dice que las mujeres se quedan solteras. Que el matrimonio se pospone demasiado. Que la soledad femenina crece. Usa palabras que suenan a preocupación, pero duelen como desprecio.
Las feministas no callan. Demandan fin a las reformas a medias. Quieren igualdad. No migajas. No permisos especiales. Leyes que valgan para todas.
Y yo me pregunto, con el café frío y la noche entrando: ¿cuántos contratos no firmados hay ya por ahí? ¿Cuántas chicas viviendo como esposas sin serlo ante la ley? ¿Cuánto dinero se perdió en fiestas que nunca debieron empezar?
La huelga no es solo de los notarios. Es del Estado. Contra el pueblo. Y a la inversa.
No se sabe cuándo terminará. No se sabe si cederán. No se sabe si el Ministerio de Justicia volverá a la mesa. Dicen que ya negoció con los abogados, tras siete semanas de paro. Pero con los adules, advierten: no hay diálogo bajo presión.
Pero la presión ya está.
Silencio.
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