Trump anuncia récord de deportaciones: ¿cifras reales o maquillaje?

Hubo un tipo, en Pensilvania, que se llamaba Juan —aunque mejor no decir su nombre—, que un jueves a las seis de la mañana vio cómo una furgoneta blindada se detuvo frente al taller eléctrico donde trabajaba. Agentes con máscaras, sin placas visibles, rompieron la ventana delantera de un camión, entraron como si fueran a desalojar un edificio en guerra. Lo esposaron a él, a otros treinta y dos hombres, sin que mediara una orden de arresto, sin que nadie leyera sus derechos. Le dijeron: prepárate. Él les dijo que tenía cita, que entró por CBP One, que su mujer acababa de tener un bebé en Nueva York, que su hija era ciudadana. Nada.

Luisiana. Centro de detención. Días sin llamadas. Sin saber qué pasaba afuera. Sin contacto. Sin abogado hasta que ya no servía de nada. Luego, la deportación. No la autodeportación que prometen —esa que al menos deja una rendija—. No. Directo a Santo Domingo, a un país que no era el suyo, huyendo de uno del que ahora, literalmente, no puede volver en diez años.

Y aquí viene lo que nadie dice con claridad: no es que haya más deportaciones, es que ahora las cuentan todo. Todo. Lo que antes eran rechazos en la frontera —un tipo que no pasa, lo dan vuelta y ni lo registran—, ahora lo suman como deportación. Y el gobierno dice: tres millones. Tres. Pero hay que leerlo entre líneas: dos millones de abandonos «voluntarios», más de seiscientos setenta y cinco mil forzadas. ¿Qué significa voluntario? ¿Cuándo uno no tiene abogado, no entiende, y firma algo que no sabe? ¿Eso es voluntario?

En Washington hablan de récords. De cifras históricas. Pero Obama deportó más de tres millones en ocho años. En 2013, seiscientos mil solamente, pero esos eran con órdenes judiciales, mayormente criminales. Biden, en 2024, llegó a seiscientos ochenta y cinco mil —y eso antes de noviembre—. Trump, con su primer año, apenas supera a Biden. Y ni siquiera alcanza su propia meta: un millón al año. No lo logró.

Pero eso no es lo importante.

Lo importante es que ya no necesitan una orden judicial. Ya no necesitan un delito. Trump dijo que todos los indocumentados son criminales. El DHS lo repite: catorce millones. Catorce millones de blancos. Incluidos los que tienen permiso de trabajo. Incluidos los que tienen hijos nacidos en EE UU. Incluidos los que huyeron con un caso de asilo pendiente.

Y los arrestos en el interior se multiplicaron por once. Por once. El ICE, antes limitado a zonas fronterizas o casos graves, ahora entra a fábricas, calles, incluso tribunales donde los migrantes van a cumplir con trámites. Escuelas. Iglesias. Hospitales. Antes estaban protegidos. Ahora no.

Hubo un caso, en enero, no sé bien el día, en una ciudad que no recuerdo… dos ciudadanos estadounidenses murieron a tiros. Alex Pretti. Renee Good. ¿Qué hacían allí? No eran migrantes. Pero estaban en el lugar equivocado. O en el justo. Ya no se sabe. Solo sé que eso prendió una mecha. Protestas. Gritos. Ningún alto.

La frontera, entretanto, se cerró. En 2025, solo 7.000 cruces al mes. Antes eran 88.000. La Patrulla Fronteriza, sin trabajo, se movió al interior. A ayudar al ICE. A hacer redadas. A golpear puertas. A romper vidrios.

¿Por qué ahora así?

Quizá porque el miedo es el nuevo método. Porque no se trata ya de deportar delincuentes, sino de mostrar que cualquiera puede caer. Que no hay seguro. Que la vida construida, la hija ciudadana, el trabajo estable, el permiso temporal… todo puede desaparecer en seis de la mañana.

Juan no quiere volver. Dice que no. Dice que sueña con Venezuela. Con un cambio allá. No con EE UU. Dice que allá al menos sabe que no quiere. Aquí… aquí le quitaron hasta la ilusión.

¿Y los demás?

¿Cuántos como él están ahora en República Dominicana, en Guatemala, en Honduras, sin saber qué hacer, mientras sus familias se quedan atrás? ¿Cuántos no cuentan en los informes porque no llegaron a un centro? ¿Cuántos simplemente desaparecen?

No se sabe.

No se dice.

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