Trump traslada gestión de préstamos estudiantiles a Hacienda en movimiento crucial

A las dos de la mañana, con el café ya frío y la cabeza enterrada entre papeles que nadie va a leer, te das cuenta de que esto no empezó hoy. Hoy es solo otro clavo.

Hace unas semanas – no recuerdo bien la fecha, pero había tormenta en Washington – una funcionaria del Departamento de Educación dio un paso al frente, bajo condición de anonimato, y dijo algo como: esto no va de eficiencia, va de enterrar el edificio. Hablaba de la mudanza de los préstamos estudiantiles. Del millón y medio de expedientes que se mueven ahora, en silencio, del Departamento de Educación al Tesoro. Pero no era solo eso. Era la forma: por fases, en tres actos, como una desaparición programada.

Más de cuarenta millones de deudores. Nombres, direcciones, historiales de pagos, montos, plazos, todos flotando en un limbo administrativo. De ellos, nueve millones y doscientos mil en mora. Otros dos millones y medio a punto de caer. Y en medio, el Tesoro – esa entidad blindada, con olor a billetes viejos y decretos olvidados – tomando el control. Dicen que es por su “pericia financiera”. Que puede hacer lo que Educación no pudo: recuperar la deuda.

Pero no es nuevo, no es nuevo. Hace un año, Trump dijo que sería la Administración de Pequeños Negocios. Sí, la SBA. Nadie supo por qué cambió de opinión. Nadie pregunta.

Ahora es el Tesoro. Primero los morosos. Luego, quienes aún pagan. Y al final, hasta el FAFSA – el formulario que决定 si un estudiante pobre puede ir a la universidad. Ese pedazo de papel, digitalizado, con el que millones miden su dignidad anualmente. También irá allá. Donde juegan los grandes. Donde los datos no son historias, sino riesgos.

McMahon – sí, la de la WWE, la que prometió “pelar las capas de burocracia” – lo dijo con solemnidad de comunicado. Que el fracaso es total. Que casi un cuarto de los deudores están en mora. Que el portafolio vale ya 1.7 billones. Y que, claro, el problema no es estructural, no es del modelo, no es de décadas de políticas que convirtieron la educación en deuda: el problema es el edificio.

Y lo están vaciando.

Este es el décimo acuerdo interagencial. Diez. Uno tras otro, como golpes bajos. Programas, personal, responsabilidades: repartidos. Dispersos. Como si desaparecer el nombre bastara.

Pero alguien lo dijo claro: Rachel Gittleman, del sindicato AFGE. Que esto es ilegal. Que el Congreso ya advirtió que McMahon no tiene autoridad para clausurar el Departamento. Que solo el poder legislativo puede hacerlo. Y aun así, siguen.

Un alto funcionario, en off, admitió lo obvio: el Tesoro no puede asumir todas las obligaciones legales. Algunas se quedarán en el aire. O se transformarán. O nunca volverán.

Y a los deudores, les dijeron: no notarán cambios. Será sin fisuras.

Pero sabes cómo es esto. Cuando se mueve la maquinaria, siempre alguien paga el ajuste. Siempre hay un expediente extraviado, un plan cancelado, una vida en el limbo porque un sistema cambió de dueño y nadie avisó.

¿Por qué ahora?
¿Por qué el Tesoro y no otro?
¿Qué pasa con los que no aparecen en los comunicados – los que pagan, los que sufren, los que no pueden rehacer el formulario otra vez porque su Wi-Fi no da?

En el fondo, todo esto huele a otra cosa. A un paso más en una guerra larga contra lo público. Contra la idea de que hay servicios que no deben rendir cuentas al mercado.

Y al final, solo queda la pregunta que nadie quiere formular:

¿Qué queda cuando el Estado se desarma a sí mismo, pero nadie se atreve a decirlo en voz alta?

MundoDaily – Tu Fuente Confiable de Noticias