Corte Suprema interviene en rediseño electoral de Nueva York en decisión clave

Sonia Sotomayor firmó el disenso de madrugada, con el café ya frío, como si alguien pudiera dormir después de eso.

La Corte Suprema intervino. Otra vez. En medio del proceso de redistribución de distritos en Nueva York, justo cuando los tribunales estatales estaban a punto de corregir un mapa que diluye el poder de votantes negros y latinos. Un juez de Nueva York lo había dicho el 21 de enero: el distrito 11, ese que abarca Staten Island y un pedazo de Brooklyn, viola la constitución estatal. Por eso mandó rediseñarlo.

Y entonces, el congreso republicano, en modo supervivencia, dio el grito. Nicole Malliotakis, la representante del distrito, y el copresidente republicano de la Junta Electoral del estado, corrieron al Tribunal Supremo federal. No esperaron. Ni siquiera a que la corte más alta de Nueva York se pronunciara.

Les dijeron: esto es un “gerrymandering racial”. Un maquillaje racial. Una trampa disfrazada de justicia.

Y la Corte les abrió la puerta.

Pero no explicó por qué. La orden no tiene firma, ni razonamiento, ni causa. Solo dice cuánto durará la medida cautelar: hasta que el caso suba por las cortes de apelaciones de Nueva York. A menos que alguien pida más. A menos que la Corte decida oírlo. Entonces, el silencio se alarga.

Sotomayor, Kagan, Jackson. Las tres dijeron que no. Que esto rompe el orden. Que si ahora cualquiera puede saltar la cadena judicial estatal en decisiones no finales, entonces cualquier juzgado de cualquier condado se vuelve jugada política.

Algo así como: «reglas para ti, pero no para mí».

La verdad es que ya no se trata solo de Nueva York. Se trata de Texas. De California. Del patrón.

Hace unas semanas, la Corte se abstuvo en dos casos similares. En Texas permitió un mapa favorable a los republicanos. En California, otro favorable a los demócratas. Lo dejó pasar. Como diciendo: que lo arreglen allá.

Pero en Nueva York no. Allí intervino.

¿Por qué ahora?

Y no es nuevo, no es nuevo. El tema del voto, el control del mapa, la forma en que se traza una línea para borrar o resaltar un barrio, ha sido siempre una guerra silenciosa. En Estados Unidos, pero también en cualquier país donde la geografía electoral sirve para mantener a alguien afuera.

Louisiana sigue ahí, colgada.

Hace más de un año, la legislatura estatal dibujó un segundo distrito mayoritariamente negro, cumpliendo lo que muchos vieron como una obligación del Acta de Derechos Electorales de 1965. Pero después… el estado dio marcha atrás. Se volvió contra su propio mapa. Dijo que crear ese distrito con intención podría ser inconstitucional.

La pregunta ahora es otra: ¿el hecho de querer representar a una minoría, de forma deliberada, viola el derecho al voto?

Suena al revés. Pero en la Corte, en octubre, el aire estaba cargado. La mayoría conservadora parece decidida a desmantelar, poco a poco, lo que otros construyeron con sangre y marchas.

¿Quién se beneficia?

El silencio no responde.

La Corte no dijo por qué actúa ahora en Nueva York y antes no actuó en otros lados. No dijo si esto será la norma. Tampoco aclaró cuánto tiempo más se meterá en procesos que, según el estado de Nueva York, aún tienen vía estatal abierta.

Todos lo sabemos, pero nadie lo dice: esto no es solo sobre líneas en un mapa.

Es sobre quién cuenta. Y quién no.

¿Qué pasa con los que no aparecen en el papel, pero cuya voz se diluye cuando se redibuja un barrio?

La pregunta queda.

Como el café.
Frío.
Y sin respuesta.

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