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Un hombre mayor, con sombrero de paja y camisa de cuadros, parado frente al Capitolio de Jackson. No habla. Solo mira el edificio. Tiene los ojos humedecidos. Alguien le pregunta si está bien. Asiente. No dice nada.
Y en ese silencio, todo.
Hace unas semanas —no recuerdo bien si fue en agosto, tal vez julio— una jueza federal, Sharion Aycock, dijo en una sentencia lo que muchos venían diciendo desde hace décadas: el mapa electoral del Tribunal Supremo de Mississippi está roto. Quebrado. Diseñado para que el voto negro no cuente igual. Que no cuente, en realidad.
El mapa data de 1987. Tres décadas y media de inercia, de decisiones políticas enterradas bajo el polvo de lo “normal”, lo “aceptado”. Pero no legítimo. Nunca legítimo. Aycock lo dejó claro: diluye el poder del electorado negro. Lo parte. Lo encierra.
Particularmente en el Delta. Esa región fértil, de tierra oscura y dolor antiguo, donde el pasado no pasa, solo se repite. El mapa actual la corta por la mitad. La despedaza. Y con ella, la posibilidad de que los votantes negros elijan libremente a quien los represente en el máximo tribunal del estado.
El estado tiene casi el 40 por ciento de población negra. Y sin embargo, nunca ha tenido más de un solo juez negro en su Corte Suprema. Nunca. Y los cuatro que sí han servido, todos —todos— ocuparon el mismo puesto. El del Distrito Central. Y todos llegaron por nombramiento. Por designación. No por elección.
Hay algo obsceno en eso. No es nuevo, no es nuevo.
El caso lo llevó la ACLU. Como tantos otros. Porque el Estado no cambia si no se le obliga. Se quedó en silencio. La oficina del Secretario de Estado apeló. La Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, predeciblemente, paró todo. A la espera de lo que diga la Corte Suprema de Estados Unidos. Sobre la Sección 2 de la Ley de Derechos de Voto. Sobre si sigue existiendo algo que se parezca a la justicia electoral.
Pero mientras, Aycock dio un paso. Las elecciones especiales tendrán que celebrarse, según su orden, si el Legislativo no redibuja el mapa para finales de 2026. Y si lo hace, ella actuará rápido. Muy rápido. Para que todo quede listo en noviembre de ese año.
Qué asientos estarán en juego, no lo decidió. Lo dejará para después. Prudencia judicial. O tal vez, simplemente, no quería dar munición a quienes buscan fracturar cualquier avance.
Dos jueces ya se fueron en diciembre. Nominados a cargos federales. Reeves, el gobernador, nombró sus reemplazos. Serán interinos. Hasta que se vote. Porque allá, las elecciones del tribunal son no partidistas. Como si eso, solo eso, bastara para garantizar equidad.
No basta.
Hablo con un abogado de derechos civiles en Jackson. Me dice, sin ironía, que esto es “la primera vez que sentimos que el sistema se tambalea en la dirección correcta”. Lo dice despacio. Como si temiera que al pronunciarlo en voz alta, se desvanezca.
Y claro, no faltan los que dicen que no es el momento. Que hay temas más urgentes. Que no hay que “reabrir heridas”. Que el pasado es el pasado.
Pero el pasado está en la foto: la corte escuchando argumentos, el 6 de julio del año pasado. Un día cualquiera. Justicia actuando como si la justicia ya existiera.
¿Cuántas veces más tendremos que decir lo mismo?
La pregunta, ahora, no es si cambiarán el mapa.
Es si alguien, esta vez, dejará que cuente.
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