Guardia Nacional permanece en D.C. tras fallo clave

Era de madrugada cuando vi la foto. Un soldado joven, casco puesto, caminando por Constitution Avenue. Detrás, el reflejo del Capitolio bajo las luces frías de diciembre. No parecía tener más de veintitantos. O tal vez sí, pero el uniforme acorta los años, los aplana.

Más de dos mil como él siguen ahí, en Washington. Desde agosto. Y ahora podrían quedarse hasta febrero del año que viene. Al menos eso dicen los jueces.

El ataque fue a finales de noviembre. Un disparo, certero, a dos cuadras de la Casa Blanca. Sarah Beckstrom murió. Ella y otro compañero, ambos de Virginia Occidental, estaban de pie, en su puesto. Nada de enfrentamientos, nada de disturbios. Una patrulla rutinaria, o lo que ahora se considera rutina. Los llamaron ataque dirigido. No se sabe quién lo hizo. No se sabe por qué.

Pero eso fue después. Antes ya estaban. Desde junio, Trump movió tropas a ciudades gobernadas por demócratas. Chicago, Portland, Los Ángeles. Como si la autoridad se pudiera imponer con botas.

En Los Ángeles, todo cambió el lunes. Los últimos cien soldados que quedaban —de más de cuatro mil en su momento— se fueron de las calles. Una corte federal en California lo ordenó. El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito dijo: no, no pueden seguir ahí. No con el gobernador en contra. No sin consentimiento.

Pero no los devolvieron. Siguen bajo control federal. En una base. Entrenando. ¿Para qué? No lo dice nadie.

En Washington, en cambio, los jueces dijeron que sí, que el presidente puede hacerlo. Por el estatus especial de la ciudad. Federal. No es estado, no es municipio. Es una extrañeza constitucional, y ahora es la excusa. “El gobierno federal tiene amplio margen”, escribieron. Algo así como: aquí las reglas son distintas.

Pero luego, entre líneas, vacilaron. Cuando hablaron de Oregon. De Illinois. De enviar tropas de un estado a otro sin que el gobernador lo apruebe. Ahí sí les tembló la pluma, aunque fue un temblor leve. Dijeron que era “constitucionalmente problemático”. No ilegal. Problemático.

Hace unas semanas, un militar retirado me dijo por teléfono: “Esto no es nuevo, no es nuevo. Pero antes, al menos, se disfrazaba”. Colgamos. Nunca le di las gracias. Ahora pienso en eso.

Hay una línea que ya no se ve. Entre militar y civil. Entre orden público y control político. Entre protección y ocupación.

¿Hasta dónde? Pregunto, y no respondo.

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