Trump autoriza sanciones clave a países que compran petróleo ruso

Lindsey Graham caminaba con los hombros tensos, como si cargara algo viejo. Lo vi en una grabación sin editar, de esas que circulan entre correos y no en los boletines oficiales. Iba saliendo del ala oeste, ajustándose el abrigo, y alguien le gritó desde un costado: “¿Y Brasil, senador?”. No se detuvo. Solo alzó una mano, como para decir “ya llegará”, o tal vez “déjeme en paz”.

Hace unas semanas —no recuerdo bien si fue a fines de diciembre o ya en enero—, el gobierno de Trump dio luz verde a un proyecto de ley que podría cambiar el mapa de las compras de crudo en el mundo. No es nuevo, no es nuevo: cada vez que Europa o Estados Unidos aprietan a Rusia, alguien más baja el precio y se lleva el petróleo. Pero ahora la apuesta es distinta. No se trata de multar a bancos, ni de congelar activos. Esta vez va directo al comercio, a la tripa del sistema: aplicar aranceles de hasta el 500 por ciento a los países que sigan comprando energía rusa.

Graham lo presentó junto a Richard Blumenthal, un demócrata que no suele sonreír en público. La alianza bipartidista no es casual. Es blindaje. Porque saben que, si la medida entra en vigencia, va a detonar olas en lugares que no están en los mapas de los analistas de Washington: en Mumbai, donde los camiones ya consumen diésel con sabor a disputa geopolítica; en Qingdao, donde los terminales portuarios reciben cargamentos con nombres cambiados; en Santos, donde las refinerías brasileñas, hace poco seducidas por el crudo barato, ahora ven acercarse la sombra de una tarifa que podría volver obsoletos sus cálculos de rentabilidad.

China y la India, dicen los datos, compraron juntas casi el 90 por ciento del petróleo que Rusia exportó en noviembre. El 500 por ciento no es solo un número: es una herramienta de guerra sin balas. Es la economía convertida en sitio de tortura lenta. Porque no se castiga al Estado directamente, sino a sus importaciones, a sus fábricas, a sus trabajadores. Y el que paga, como siempre, no es el político que negocia, sino el que depende del transporte, del plástico, del fertilizante.

La verdad es que no sabemos cuánto está dispuesto a romper Trump. No por convicción, sino por cálculo. Apoyar las garantías de seguridad europeas para Ucrania —esas que incluyen una fuerza multinacional, esa que Rusia rechaza de frente— no es un gesto menor. Es una señal: quiere negociar desde la mesa alta. Y las sanciones secundarias, esas que penalizan a terceros por comerciar con un enemigo designado, son la amenaza silenciosa detrás de la mesa.

Pero hay silencios. Como por qué Brasil aparece en el radar, cuando sus importaciones de crudo ruso han caído mucho en los últimos meses. ¿Será un aviso? ¿Un ejemplo para otros países del Sur que empiecen a tentarse con el descuento? ¿O será que alguien en Washington ya no confía en que la cooperación energética suramericana se mantenga al margen?

Todos lo sabemos, aunque no lo digamos: Latinoamérica entera respira bajo el aliento de decisiones tomadas en otras latitudes. Cada sanción secundaria, cada arancel, cada “gesto diplomático”, termina traduciéndose en interés más alto, en deuda más pesada, en inversión congelada. Y mientras, acá nadie habla. Como si esto no nos tocara. Como si el precio del diésel, del acero, del plástico, no tuviera padre ni apellido.

Hace rato que la geopolítica ya no se libra solo con tanques o embajadas. Se libra en las facturas que no vemos, en los acuerdos que no firmamos, en los silencios entre línea y línea.

¿Y si al final, la guerra más larga no es la de Ucrania, sino la que se gana en los puertos, en las aduanas, en los contratos que nadie revisa?

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