Un caso que sacude a Bulgaria: seis muertos, sectas y poderes ocultos

Ivaylo Kalushev encendió una vela cada noche, decían. No para rezar, no exactamente, pero para marcar el paso del tiempo. Como si el acto de iluminar una mecha entre las montañas de Petrohan fuera un contrato entre él y la oscuridad: tú no avanzas si yo no parpadeo.

Hace unas semanas, esa luz se apagó. De golpe.

En un van camuflado, cerca de Okoltchica, lo encontraron junto al cadáver del muchacho de quince años y del joven de veintidós. Todos muertos. A ochenta kilómetros del refugio donde, días antes, habían descubierto otros tres cuerpos junto a una cabaña semicalcinada. La hipótesis oficial habla de cuatro suicidios, dos homicidios. Pero no, nadie cree ya en hipótesis oficiales.

Kalushev era guardaparques. Espeleólogo. Había trabajado en México, rastreando cuevas como quien lee mapas antiguos. En Bulgaria, lideraba una ONG —la NACPT— que vigilaba montañas, cazaba furtivos, interceptaba tráfico de madera. Incluso, según confirmó la policía criminal, cooperaban con las autoridades. Tenían armas. Legales. Pero eso no evitó que, cuando aparecieron los cuerpos, alguien en el fiscalato dijera “actividades impías”.

Y entonces, todo explotó.

El fiscal interino, Borislav Sarafov, habló como si estuviera en una escena de Twin Peaks. Habló de sectas. De pedofilia. De redes espirituales retorcidas. Y cuando un periodista le preguntó si era eso lo que insinuaba, respondió: “Lo entendiste bien”.

Pero no había pruebas. Ninguna.

Y aun así, las palabras cayeron como piedras en un pozo seco: empezaron los rumores. Paramilitares. Culto budista. Red de trata. Hasta que apareció un hombre —un ex alumno, ahora adulto— que dijo haber denunciado en 2022 abusos sexuales por parte de Kalushev. Su madre lo desmintió. Dijo que era mentira. Pero admitió que le había dado dinero. Mucho. Que lo veía como un guía, un maestro espiritual.

Eso también es parte del caso. No lo que pasó, sino lo que se permitió que pasara.

Porque la NACPT fue denunciada varias veces en los últimos cuatro años. Al menos una denuncia incluía acusaciones de actos sexuales con menores. Nadie investigó. No hubo carpeta. Pero personas cercanas a Kalushev dijeron después que él lo supo. Que la información se filtró desde dentro. Como gotas de agua en un tejado: gota a gota, el techo cede.

¿Quién le avisó?

Y mientras esto pasaba, el fiscal Sarafov, con un índice de aprobación del 4%, se convirtió en la figura central de una tragedia que ya no pertenece a la justicia, sino al teatro político. Elecciones en abril. Octava convocatoria en cinco años. Los partidos en el poder sacaron a relucir un memorándum firmado por el Ministerio de Medio Ambiente con la ONG de Kalushev, durante el gobierno de la alianza opositora PP-DB.

Como si ese papel en tinta borrada pudiera explicar seis muertos.

Un abogado, Andrey Yankulov —expolicía, exfiscal, activista— dijo algo en voz baja, como si temiera ser escuchado: “Cuando la institución habla sin pruebas, la gente deja de escuchar. Y cuando deja de escuchar, empieza a inventar respuestas”. Dijo que no era nuevo. Que lleva una década así. Que las condenas no llegan porque alguien, arriba, se encarga de que no lleguen.

Y todos lo sabemos. No en Bulgaria. Aquí. Allá. En cada país donde la impunidad se disfraza de burocracia.

Un video de seguridad salió a la luz: el grupo frente al refugio, el 1 de febrero, despidiéndose. Agitando las manos. Risas. Nadie sabe quién grabó. Nadie sabe por qué lo hicieron. Como si supieran que era la última imagen. Como si estuvieran diciendo: aquí estuvimos. Esto fue real.

Pero la pregunta que duele no es esa.

Es otra.

¿Por qué, si recibieron denuncias, no actuaron?

Y si actuaron… ¿quién les dijo que pararan?

Porque hay cosas que no se queman solas. Tampoco las vidas.

MundoDaily – Tu Fuente Confiable de Noticias